El objetivo del estudio es recopilar y sistematizar datos sobre la situación de centenares de hogares que sufren subidas abusivas o expulsiones inmediatas
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No hace tanto era común que se anunciara hasta el aburrimiento que estábamos entrando en una nueva era de la información. Un paradigma donde el consumo y la circulación de los datos era más global, su gobierno más horizontal y su producción más distribuida. Utopías aparte, los datos están en el centro del debate político, pero no tanto por un proceso innovador, sino por un dilema clásico: ¿Esa noticia es falsa o verdadera? ¿Esa estadística es rigurosa o inventada?
Las disputas sobre cómo verificar las fuentes o cómo controlar las fake news son cada vez más encendidas, pero bajo el consenso de que los datos son un producto de consumo cuya calidad debe ser mejorada. Algo se ha perdido por el camino. Los datos no son un producto, sino un proceso que organiza y jerarquiza los saberes, autoriza voces y normaliza una agenda de temas sobre los que hablar y sobre los que no. El rigor de los datos es un tema anecdótico si no nos preguntamos sobre quién los enuncia, qué conflicto subrayan, qué tipo de organización social los produce y con qué métodos y recursos.
A lo largo de la historia de los movimientos de transformación social, es posible rastrear el uso de la encuesta obrera como instrumento para producir conocimientos de forma autónoma. No solo autónomos de un poder económico que determina la agenda científica para reforzar sus intereses de clase, sino también libres de la ciencia positivista que impone su método como el único válido para generar saberes.
La idea de reunir información a través de preguntas a la ciudadanía tiene un pasado revelador. En 1880, Karl Marx lanzó 25.000 copias de una encuesta con casi cien preguntas para conocer la situación laboral de los lectores de la Revue socialiste. Entre 1880 y 1910, Max Weber utilizó cuestionarios para estudiar las condiciones de vida de los trabajadores en las áreas rurales del Este de Prusia y los efectos del trabajo industrial en su personalidad y estilos de vida.
En las décadas de 1960 y 1970, los movimientos obreros europeos extendieron el uso de la encuesta. Su objetivo era analizar las formas de explotación y dominio en la fábrica y en los barrios, pero también cartografiar las formas de insubordinación obreras. La revista italiana Quaderni Rossi, el germen político del operaismo en Italia, puso la encuesta [inchiesta operaia] en el seno del movimiento obrero para estudiar la nueva composición de la clase trabajadora.
Una convicción fundamental subyacía en el uso de la encuesta: para abordar a fondo los problemas de las clases populares, había que producir conocimientos situados, esto es, encarnados en el territorio de vida que se quería estudiar. El trabajo de organización política debía estar conectado con la producción de saberes enraizados en las experiencias subjetivas de las condiciones de vida de los obreros.
La ‘encuesta inquilina’ se inscribe en esa misma perspectiva de investigación política. Impulsada a inicios de este año por el Sindicato de Inquilinos de Barcelona junto a La Hidra Cooperativa, esta encuesta es la primera que se lanza en el territorio español con el propósito de estudiar las condiciones de vida de los inquilinos e inquilinas del área metropolitana de Barcelona.
Después de la crisis de 2008, el Sindicato realiza un diagnóstico coyuntural certero: el gobierno de Rajoy había trasladado la especulación del mercado hipotecario al mercado del alquiler mediante dos reformas principales. Por un lado, facilitando que las Socimis (Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) disfrutaran de suculentos privilegios fiscales para atraer a especuladores. Por otro lado, la reforma de la LAU de 2013 redujo las pocas garantías que tenían los inquilinos, fomentando subidas abusivas y expulsiones.
Como resultado, ciudades como Barcelona se encuentran sumergidas en una burbuja especulativa alrededor del alquiler que está desposeyendo, precarizando y expulsando a una parte muy significativa del vecindario. En este contexto, el Sindicato de Inquilinos de Barcelona sabe que la burbuja de precios generada por estas políticas solo se puede frenar si la gente afectada se organiza y hace de su realidad material compartida el eje de organización central.
Para convertir al Sindicato en una organización sólida, con capacidad para crecer y responder de forma eficaz, la encuesta inquilina es un instrumento esencial para producir desde la base y hacer análisis empíricos de nuestros problemas comunes. El desborde de inquilinos e inquilinas que se han sumado a las asambleas del Sindicato impone un reto crucial: recopilar y sistematizar una cantidad enorme de información sobre la situación de centenares de hogares que sufren subidas abusivas o expulsiones inmediatas.
La encuesta inquilina es un proyecto de investigación imprescindible para avanzar con los retos que el Sindicato se propone. Partiendo del análisis de la realidad concreta, el cuestionario pretende ser un instrumento que oriente las futuras acciones del movimiento para pinchar la burbuja de alquiler en Barcelona. Más allá, se propone situar las demandas políticas del Sindicato en el centro de la agenda política estatal.
Sin saberes producidos autónomamente desde los barrios, no podemos cartografiar el presente para poder intervenirlo y cambiarlo. Si el saber es poder, producir saberes autónomos es la base del contrapoder.
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